Sonapesca critica informe del Gobierno sobre estado de recursos
En Chile, la extracción ilícita de merluza y sardina-anchoveta genera ganancias indebidas por US$ 301 millones, asegura.
Fuente: El Mercurio
Una dura crítica al informe de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) sobre la situación de las principales pesquerías del país durante 2018, realizó la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), federación gremial que agrupa a los principales actores del rubro industrial y también a pymes.
El estudio “desinforma” y “tiene errores metodológicos”, afirma el gerente general de Sonapesca, Héctor Bacigalupo. En el documento de Subpesca -publicado por “El Mercurio” a inicios de abril- se señala que de un total de 27 pesquerías analizadas (ver infografía), 19 de estas -el 70%- se encuentran en estado de sobreexplotación (11) y también agotadas o colapsadas (8). Esa cifra superó a las 16 pesquerías que estaban en iguales clasificaciones en el reporte de 2017, es decir, el 61% de los 26 recursos estudiados ese año.
“La Subsecretaría de Pesca presentó un estudio que a nuestro juicio desinforma a la opinión pública, instalando la idea de que la situación general de las pesquerías en Chile es preocupante, cuando en realidad las biomasas de estas han experimentado una mejora constante y sostenida en el tiempo desde la implementación de la ley actual en 2013”, afirma Bacigalupo.
El representante gremial añade que “el informe tiene errores metodológicos. Muestra la situación de 2018, en que evaluó 27 pesquerías, de las cuales cuatro no se encuentran en explotación. Estas son el besugo, alfonsino, orange roughy y la sardina española, dividida además en dos unidades administrativas, que no es una especie objetivo y no se ha pescado desde el año 1985. ¿Qué sentido tiene incorporarlas?”. Lo anterior, afirma, “confunde a la opinión pública”.
Sonapesca alega, además, que el análisis de Subpesca no incluye una serie de pesquerías que sí están en estado de sobreexplotación o colapso, como son las machas, almejas, erizos y locos.
“Más relevante es que la autoridad, además de afinar su diagnóstico, debería estudiar las biomasas de todas las especies para saber su estado, desarrollar un análisis de los motivos y presentar propuestas para su solución. Un par de ejemplos son la jibia y reineta, en las que aún no hay estudios”, indica Bacigalupo.
Una de las pesquerías que, según el gremio, ha mejorado su biomasa, es el jurel. Esto ocurre desde 2013, cuando comenzó a regir la actual Ley de Pesca.
Extracciones ilegales
Héctor Bacigalupo sostiene que el principal problema de la pesca a nivel mundial es el ejercicio ilegal de esta actividad, impulsada por barcos de gran tamaño sin permisos para operar.
“De acuerdo con la FAO, solo en América Latina, este negocio mueve US$ 2.700 millones al año en productos no registrados y no declarados, con los problemas de trazabilidad y ecosistémicos que eso conlleva. En el mundo, el negocio ilícito supera los US$ 23 mil millones”, indica.
Bacigalupo explica que en Chile existe “mucha pesca ilegal” que destina productos al mercado interno, a través de ferias y locales que no les exigen los certificados que acrediten el origen legal de sus capturas.
El gremio exhibe cifras del Sernapesca que revelan que en nuestro país las cuotas legales de captura de merluza y sardina-anchoveta en 2018 sumaron 294 mil toneladas, mientras que los volúmenes ilícitos extraídos bordearon las 250 mil toneladas. Las ganancias por actividades ilegales en dichas pesquerías alcanzaron los US$ 301 millones.
“Es necesario que el Gobierno tome una posición de liderazgo en esto, ya que la actual Subsecretaría ha preferido no referirse a este punto, optando por orientar los esfuerzos en cambiar la Ley de Pesca”, recalca Bacigalupo.