SONAPESCA apoya sustentabilidad y rechaza licitaciones en futura ley de pesca
Rodrigo Sarquis señaló que la situación de los recursos es crítica y ha causado impacto en los resultados operacionales. Recordó que el promedio de rentabilidad del sector en los últimos años alcanzó sólo 4,6%, uno de los más bajos en la economía nacional.
Aseveró que valora el esfuerzo de la autoridad sectorial para dictar una ley que coloca la sustentabilidad como eje del manejo de recursos pesqueros, acogiendo las recomendaciones de la ONU, FAO y OCDE en materia de administración de pesquerías. También destacó que se incorporen las sugerencias de la Fiscalía Nacional Económica y del Tribunal de la Libre Competencia sobre la estabilidad de largo plazo en el sector y la transferibilidad de las cuotas de pesca.
El presidente de SONAPESCA reiteró los reparos de la industria a las licitaciones, recordando que la experiencia nacional e internacional demuestra que éstas son perjudiciales para la conservación de los recursos desincentivando la sustentabilidad y provocando trastornos sociales y económicos.
Recordó también que, en el caso de la industria pesquera, los derechos de uso son de carácter indefinido y sus eventuales caducidades están expresamente reguladas en la actual ley, por lo que debilitar su contenido es expropiatorio e inconstitucional.
Sobre el Consejo Nacional de Pesca y su reemplazo por un panel de Expertos o una Superintendencia, Sarquis dijo que, sin importar el nombre o la conformación, el proyecto resta facultades al organismo asesor advirtiendo que, lo que no puede ocurrir, es que todas las decisiones residan en la autoridad de turno.
Sobre investigación pesquera, SONAPESCA manifestó su preocupación por la disminución de los aportes financieros destinados al FIP.
En cuanto a fiscalización, SONAPESCA respaldó la propuesta de certificar el total de las capturas.
Finalmente, Rodrigo Sarquis señaló que el proyecto considera la imposición de un royalty que vendría a reemplazar la actual patente pesquera. “Aumentar este tributo conlleva una pérdida de competitividad a nivel internacional y es discriminatorio respecto a otros sectores de la economía. En los últimos años el impuesto se ha incrementado en cinco veces respecto al valor de sus descargas”, concluyó.
