Roberto Izquierdo: Pesca: ¿Patente o royalty?
Recordemos que el artículo 43 de ese cuerpo legal señala que “los titulares de autorizaciones de pesca y permisos pagarán anualmente una patente única pesquera de beneficio fiscal, por cada embarcación que efectúe actividades pesqueras extractivas”.
Al pagarse por la envergadura de la flota industrial y no por las capturas o las ventas, el pago se produce con o sin pesca. Producto de ello es que la recaudación es relativamente estable en el tiempo, como de hecho ocurrió con la paralización de la flota por más de tres meses a raíz del terremoto, la que no provocó una caída en los ingresos fiscales, aun cuando los desembarques de 2010 disminuyeron un 40%. A fines de 2002, junto con la publicación de la Ley 19.849, que extendió por 10 años la vigencia del LMCA, se agregó a la LGPA el artículo 43 bis: “Los titulares de autorizaciones de pesca en unidades de pesquerías administradas con límite máximo de captura, sea que efectúen o no la actividad conforme a la excepción establecida en el artículo 8º de la Ley 19.713, y los titulares de certificados otorgados en conformidad con el artículo 9º de la Ley 19.713, pagarán el monto de la patente a que se refiere el artículo anterior incrementada en un 110%, durante el período de vigencia de dicha medida”.
Tuvo este aumento el carácter de un royalty, ya que se estimó era una forma de que la pesca industrial aumentara su aporte a los fondos generales de la nación, por tratarse de un recurso natural renovable. De hecho, es seguramente el primer royalty establecido en nuestro país, sólo que con otro nombre y otra forma de gravar la actividad. Cabe destacar que la justificación del pago de la patente pesquera industrial se fundamentó al dictar la Ley 19.849 en el pago de la investigación y otros ítems que no se han cumplido cabalmente, pese a lo cual ha servido para financiar el sistema pesquero en su conjunto, pues con esos recursos el Fisco cubre costos del Fondo de Administración Pesquera (FAP), el Fondo de Fomento a la Pesca Artesanal (FFPA) y el Fondo de Investigación Pesquera (FIP). De hecho, por concepto de patentes pesqueras la industria pagó al Fisco en 2010 más de US$ 30 millones, valor equivalente al 3% de las ventas y al 7% de las pesquerías al precio de mercado.
Es valioso que el gobierno estudie modificar el mecanismo de tributación del sector pesquero industrial, que baraje alternativas y que las socialice a través de los medios de comunicación. Sin embargo, un pronunciamiento concluyente del sector pesquero industrial sólo correspondería entregarlo una vez que el proyecto definitivo del gobierno se despache al Congreso.
