by Paulo | 11 abril 2016 12:03 pm
En la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), que reúne a los principales actores de la pesca industrial, incluyendo a la Federación de Industrias Pesqueras del Sur Austral (Fipes), estamos disponibles para abordar, en conjunto con todos integrantes, los verdaderos problemas del sector. Estos consideran, entre otros, el combate firme y frontal contra la pesca ilegal, en todas sus formas y manifestaciones, que afecta por igual a la pesca artesanal e industrial; el reordenamiento del sector artesanal, considerando la excesiva capacidad de las flotas de lancheros semi-industriales de la VIII región, que desafiando la normativa pretenden poner en cuestión la regionalización de los recursos, e ingresar a pescar en la Región de Aysén; y el fortalecimiento de los derechos de propiedad del sector artesanal, para que estos dejen de ser débiles y precarios.
Antes de someter al sector al estrés implícito de un cambio profundo de las reglas del juego -como el perseguido por algunos- es necesario preguntarse si el impacto real de los cambios será o no relevante. En este sentido, podemos anticipar desde ya que dichos impactos serán negativos e irrelevantes para la sustentabilidad económica, social y ambiental del sector pues los verdaderos problemas, identificados en el párrafo anterior, difícilmente serán abordados.
Adicionalmente, a través de la extensión de las 5 millas en la Pesquería Demersal del Sur Austral (PDA), frente a las regiones de Aysén y Magallanes, se busca restringir el acceso de la flota industrial a caladeros y a especies que siempre les han estado permitidos, lo que sumado a la prohibición de la pesca de arrastre, con alta probabilidad redundará en el término de la actividad en estas regiones, generando un fuerte impacto laboral en la economía local, como consecuencia de estas nuevas restricciones y prohibiciones.
Legítimamente nos atrevemos a cuestionar el sentido de introducir cambios a la Ley de Pesca en los términos planteados hasta el momento, pues no se justifica un proyecto que abarca materias de alta complejidad con graves efectos sobre el empleo sectorial e impactos patrimoniales para el Fisco y los particulares, sin plantear mecanismos relevantes para mejorar la sustentabilidad de la actividad y los recursos pesqueros ni en fortalecer los derechos de propiedad de los pescadores artesanales.
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