Estado de las pesquerías: el informe que desinforma
Columna en el Mostrador:
En 2017, el jurel alcanzó el 101% de la Biomasa Desovante en el Rendimiento Máximo Sostenible (BDRMS), calificándose como en un estado de Plena Explotación y “sin sobrepesca”. Para este año, el mismo informe de la ORP, situó en 91% dicho indicador, debido a cambios metodológicos, por lo que incluso aumentó la cuota. Sin embargo, Subpesca la considera como “sobreexplotada”. Esta situación revela que la autoridad del ramo no está considerando un rango. Es evidente que el estado de salud de la pesquería no ha cambiado y que el jurel está en un excelente momento con 5 años de recuperación sostenida y sólida.
Recientemente, la Subsecretaría de Pesca presentó un estudio que, a nuestro juicio, desinformó a la opinión pública, ya que instaló la idea de que la situación general de las pesquerías en Chile es preocupante, cuando en realidad las biomasas de estas han experimentado una mejora constante y sostenida en el tiempo desde la implementación de la ley actual, en 2013.
Para contextualizar, este informe se realiza utilizando dos indicadores: biomasa y tasa de explotación, ambos definidos en la ley y basados en el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS). Sin embargo, este rendimiento no tiene un rango definido, por lo que las especies nunca se encontrarán en el óptimo, que es la plena explotación, y siempre serán catalogadas como sobreexplotadas.
Además de lo anterior, el informe tiene errores metodológicos. Muestra la situación de 2018, en que –primero– evaluó 27 pesquerías, de las cuales 4 no se encuentran en explotación. Estas son el besugo, la sardina española, el Orange roughy y el alfonsino. Estas últimas tampoco deberían considerarse como pesquerías, ya que habitan en montes submarinos, lugares en que está prohibido realizar pesca desde 2013. Entonces, ¿qué sentido tiene incorporarlas?
En 2017, el jurel alcanzó el 101% de la Biomasa Desovante en el Rendimiento Máximo Sostenible (BDRMS), calificándose como en un estado de Plena Explotación y “sin sobrepesca”. Para este año, el mismo informe de la ORP, situó en 91% dicho indicador, debido a cambios metodológicos, por lo que incluso aumentó la cuota. Sin embargo, Subpesca la considera como “sobreexplotada”. Esta situación revela que la autoridad del ramo no está considerando un rango. Es evidente que el estado de salud de la pesquería no ha cambiado y que el jurel está en un excelente momento con 5 años de recuperación sostenida y sólida.
El cuestionado estudio no consideró una serie de pesquerías que sí se encuentran en estado de sobreexplotación o colapso, como son las machas, almejas, erizos y locos a lo largo de la costa. ¿Cuál es el criterio entonces con que seleccionan las pesquerías que incluyen en este informe?
Más relevante que todo lo anterior es que la autoridad, además de afinar su diagnóstico, debería realizar estudios de biomasas de todas las especies para conocer su estado actual, desarrollar un análisis de los motivos y presentar propuestas para su solución. Un par de ejemplos de esto son las pesquerías de jibia y reineta, en las que aún no existen estudios de biomasa.
Es importante considerar que la Ley de Pesca vigente puso el foco en la sustentabilidad de los recursos, así lo dice la FAO en su informe sobre este cuerpo legal. “Uno de los grandes avances de la LGPA es la importancia que la misma otorga al ‘uso sustentable’ de los recursos pesqueros y, por ende, al reconocimiento de la necesidad de ordenar las pesquerías de forma tal que las generaciones futuras puedan beneficiarse de las mismas, es decir, aplicando el principio de la equidad intergeneracional”, señala el informe de 2015. Nada de esto, en cambio, nos señala la Subpesca.
Más preocupante todavía es que la Subpesca no se refiera a la fuerte pesca ilegal que existe en pesquerías como la merluza común, merluza austral, congrio dorado, entre otras. Mientras exista pesca ilegal nunca se podrán recuperar las pesquerías.
¿Cuáles son las causas que la provocan y cuál es el plan del Gobierno para eliminarla? No lo sabemos, pero, gracias a la FAO, sí sabemos que, solo en América Latina, este negocio despiadado mueve US$2.700 millones al año en productos no registrados y no declarados, con los problemas de trazabilidad y ecosistémicos que eso conlleva. En el mundo, el negocio ilícito supera los US$ 23 mil millones.
La industria lleva décadas realizando mejoras, investigando e invirtiendo para asegurar una pesca con futuro a todos los chilenos. Ese es el compromiso de las 109 pequeñas, medianas y grandes empresas que conforman Sonapesca. En ese sentido, la Ley de Pesca puso este foco en la actividad y es necesario que, para que esta política pública tenga efecto sobre el estado de las pesquerías, esté vigente por un periodo no menor a 10 años, ya que será fundamental para la recuperación total de las pesquerías, que son procesos lentos y complejos que involucran muchas variables y actores.
