Editorial: Propuesta de royalty para la pesca
“Ello ha contribuido a generar mayor confusión e incertidumbre en este sector sobre la regulación definitiva que requiere. La alternativa que había escogido el Ministerio de Economía fue la de convocar a las empresas y a los pescadores artesanales a una negociación directa, de la cual surgió un acuerdo que se suponía contaba con el apoyo de dicha cartera y que sería base de la propuesta legislativa que se enviaría al Congreso. Eso es lo que se desprendió de las declaraciones que emitieron en su momento todos los que concurrieron al acuerdo, el que involucró la aceptación de términos que distaban de lo inicialmente pretendido por las partes.
Si bien ya resultaba inconveniente que la definición de una política pública quedara entregada a la negociación entre los afectados, debilitando así el rol que corresponde a la autoridad de velar por los intereses del país, parece aún más incomprensible que la autoridad agregue nuevos elementos a la discusión, como la creación de un impuesto por la extracción de los recursos pesqueros, tema que no había estado presente en esta discusión. Según ha trascendido desde el gobierno, al interior de éste no habría acuerdo para apoyar íntegramente los términos del arreglo auspiciado desde la cartera de Economía, al no estar contemplada la licitación de cuotas, lo que explicaría la demora en el envío del proyecto de ley al Congreso.
La propuesta de imponer un royalty a la extracción de recursos pesqueros carece de fundamento y puede deprimir aún más el desarrollo de un sector que ha visto reducida drásticamente su participación en el producto nacional. La justificación que se asigna a la imposición de un royalty es que constituya una retribución a la explotación de un recurso no renovable, característica no aplicable a los recursos pesqueros que son bien administrados. Por otra parte, las empresas pesqueras ya pagan hoy una patente -cuyo monto alcanza anualmente del orden de los US$ 30 millones-, cuya justificación está dada por el propósito de financiar la función de investigación y fiscalización del uso de los recursos pesqueros que debe realizar el Estado para asegurar su renovación y sustentabilidad en el tiempo. Además, constituye un error conceptual establecer el royalty como costo de no obtener los recursos vía licitación, porque el sentido de esta última no es efectuar la venta de los derechos, sino asignarlos a quien los pueda explotar de forma más eficiente y productiva para el país. Más aún cuando se trata de empresas a las que se le han reconocido derechos de explotación y han efectuado inversiones significativas para ejercerlos.
Llama la atención que el gobierno no posea una propuesta definida sobre la manera de abordar la regulación que requiere un sector tan relevante de la economía nacional. Es indispensable que esta confusión sea superada cuanto antes, a fin de evitar un nuevo e innecesario frente de conflicto en la agenda gubernativa”.
