by Paulo | 19 noviembre 2012 2:19 pm
Estas mejoras se refieren a asignación y regulación de las cuotas industriales de captura; regulación y fiscalización de la pesca artesanal; desarrollo de la investigación pesquera, además de incorporar otros elementos, entre ellos, la instalación de una plataforma social que puede tener un impacto muy significativo. Resulta esencial que el Congreso rescate los puntos centrales del proyecto que se han perdido en el debate y logre una regulación adecuada para el sector pesca.
El aspecto más relevante de la propuesta original del gobierno es la creación de derechos a cuotas o porcentajes de la captura total -con la posibilidad de que el Estado emita derechos adicionales cuando las pesquerías mejoran su condición- con carácter indefinido y plenamente transables y divisibles. Derechos así establecidos generarían incentivos para una explotación eficiente y sustentable, y llevarían a un ambiente competitivo y abierto a incorporar mayor eficiencia a la industria pesquera. Esta parte del proyecto, sin embargo, ha enfrentado doble oposición: la de quienes consideran que los actuales permisos de pesca son permanentes y que si la autoridad fuese a licitar cuotas se estaría expropiando a los actuales titulares de esos permisos, y la de quienes no valoran los incentivos o el mercado como base para organizar el sector, prefiriendo las autorizaciones estatales, y exigen que los derechos de captura que se otorguen tengan siempre una vigencia acotada.
Debe crearse un mercado efectivo de derechos de captura, que no puedan ser diluidos por acciones administrativas, y que sean indefinidos y transables si se quiere salir de la actual situación de deterioro de las principales pesquerías nacionales, en su mayoría sobreexplotadas e, incluso, algunas en estado de colapso. A partir de esta reforma, resulta más valiosa la introducción de Comités Científicos Técnicos, que el proyecto considera. Estos determinarán técnicamente el estado de las pesquerías y establecerán el rango en que la Subsecretaría de Pesca puede establecer las cuotas globales de captura, y cuyo trabajo será potenciado con más investigación pesquera, fortaleciendo para estos efectos al Ifop.
Especialmente grave por su alcance resulta el artículo 1º del proyecto que se discute, incluido por una indicación parlamentaria que establece que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hidrobiológicos existentes en los espacios marítimos sometidos a su jurisdicción. La aprobación de esta norma, que da carácter de bienes fiscales a los recursos hidrobiológicos, desconoce que no son susceptibles de propiedad mientras no sean objeto de captura, tanto que naturalmente pueden migrar más allá de dicho espacio marítimo. Atribuirles el carácter de bien fiscal es una ficción que pugna con la realidad y que interfiere con la apropiabilidad inherente a la actividad pesquera, y que generará severos problemas de interpretación y seguridad jurídica en torno a la misma. Cosa distinta es que el Estado pueda regular su captura para fines de conservación, lo que no requiere que sea propietario del recurso.
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