Industriales pesqueros llamaron a respetar derechos históricos y evitar licitaciones
Variados reparos presentaron ante la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados los representantes del sector industrial en torno a la reforma (boletín 8091) a la Ley General de Pesca, coincidiendo los representantes de las macro zonas norte, centro-sur y sur en llamar a los legisladores a respetar los derechos históricos y evitar licitaciones.
Francisco Mujica, representante de la Asociación de Industriales Pesqueros del Norte, indicó que las licitaciones propuestas para el ámbito pesquero no forman parte de los acuerdos alcanzados en la mesa de trabajo nacional, instancia que sirvió de base al proyecto del Ejecutivo. “Ese era el premio de la mesa”, enfatizó.
Sostuvo que los permisos obtenidos por la industria, desde hace 50 años, representan un derecho adquirido que debe ser respetado y no enajenado. Recalcó que es un golpe para toda la industria permitir la entrada de nuevos actores, particularmente en períodos positivos en que es posible revertir los malos resultados de otros ciclos.
En la misma línea, Luis Felipe Mondaca, de la Asociación Gremial de Industriales Pesqueros (Asipes), valoró la decisión del Ejecutivo de renovar los actuales permisos, pero criticó duramente la posibilidad de establecer licitaciones en una actividad ya establecida. Pidió no vulnerar los derechos históricos, recordando que la industria no se construye sobre la nada, sino que sobre la base de importantes inversiones.
Al respecto, precisó que si bien la industria no tiene la propiedad sobre la pesca, sí tiene los derechos asociado al permiso. “Por la vía de la licitación se vacía de contenido a ese permiso”, enfatizó, coincidiendo con Mujica en que, frente a tal evento, se caería en una expropiación. “Cuando se dice que se debe ser indemnizado, no es una brutalidad, sino que jurídicamente tiene sentido”, agregó.
Carlos Vial, de la Federación de Industrias Pesqueras de la Zona Sur Austral (Fipes), recalcó que la actividad se ha basado en un conjunto de normas establecidas a lo largo del tiempo y planteó que cualquier cambio radical va a generar un impacto. Además, coincidió con los anteriores en que hay derechos adquiridos y que un régimen de licitaciones es expropiatorio y discriminativo.
Sobre el tema, los representantes de la Asociación de Industriales y Armadores Pesqueros de la Cuarta Región dijeron sentirse “engañados” con la autoridad, al haber ésta afirmado durante la mesa de trabajo que la reforma no avanzaría en la línea de las licitaciones.
Recalcaron que un sistema de licitaciones acabaría con los pequeños empresarios de la zona, que han luchado durante estos últimos años por la conservación de los recursos pesqueros, dado que la experiencia demuestra que siempre son los grandes productores los que ganan los concursos públicos.
Finalmente, el representante de la Sociedad Nacional de Pesca, Rodrigo Sarquis, afirmó que cualquier experiencia previa muestra que las licitaciones son malas en el sector pesquero y recalcó que ello procede cuando el Estado quiere impulsar el desarrollo de una actividad, no cuando ésta lleva décadas en marcha.
Planteó que dicha situación provocaría un fuerte impacto en la industria, incluso la quiebra de algunas empresas. Además, apoyó la tesis de los derechos adquiridos señalando que estos se han desarrollado a través de la ocupación de la actividad por tanto tiempo en beneficio del país.
El Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, afirmó que el Gobierno reconoce un 100% de los derechos históricos del sector industrial y que el 15% de cuota que se licitaría sólo corresponde a los excedentes. Reconoció, en todo caso, que durante la mesa de trabajo el Ejecutivo señaló que si se avanzaba en un fraccionamiento de las cuotas, se descartaría el tema de las licitaciones. “Pero la opinión cambió luego al interior del Gobierno”, precisó.
Royalty y otros temas
Durante la sesión, los invitados dijeron apoyar el énfasis que el Ejecutivo le pretende dar a la sustentabilidad de las pesquerías. En este plano, llamaron a apoyar decididamente el ámbito de la investigación científica -que calificaron hoy como francamente débil- y la fiscalización. Asimismo, plantearon mantener un equilibrio entre la autoridad del Subsecretario de Pesca a través de la mantención del Consejo Nacional de Pesca y una campaña internacional más decidida en protección de los recursos.
Otro tema en que hubo amplia coincidencia entre los industriales es en lo relativo a la imposición de un royalty o impuesto específico a la actividad, definido en 4,2% sobre la cuota de captura.
Según Francisco Mujica, la industria entrega al fisco casi 4 millones de dólares, cifra que con la nueva ley subiría a 7 millones cien mil dólares hacia el 2013. Dijo que no están en contra de un royalty, pero en tanto éste se acote a un 1,8% sobre la base de las utilidades generadas, con lo cual se mantendría el mismo nivel de aporte al Estado.
Carlos Vial añadió que el royalty funciona cuando hay renta excesiva en recursos naturales, pero recalcó que éste no es el caso dado que las utilidades en el sector pesquero son escasas.
Roberto Izquierdo, presidente del directorio de Asipes, resaltó que la relación propuesta es asimétrica porque el impuesto se cobra por la cuota, se pesque o no y no por las utilidades de las empresas, como sucede en el ámbito de la minería.
