SONAPESCA llama a la prudencia para evitar generar incertidumbre innecesaria en sector pesquero
La Ley de Pesca fue fruto de un acuerdo mayoritario y transversal que logró mejorar significativamente la posición de los pescadores artesanales, que incrementaron en forma importante sus cuotas de captura, mejorando a la vez la sustentabilidad de las distintas pesquerías. La pesca industrial vio reducida su participación en la producción total, lo que la industria estimó como un paso para el logro de un horizonte de estabilidad en la legislación que regula a esta importante actividad productiva.
La nueva legislación pesquera chilena recoge las mejores prácticas internacionales en materia de sustentabilidad, entrega objetividad en la asignación de las cuotas, que son definidas por un Comité Científico autónomo, introduce un enfoque eco sistémico, crea los planes de manejo, y, lo más importante, genera condiciones claras y estables para la preservación de las especies. Además, esta normativa deja la industria pesquera en manos de empresas y trabajadores chilenos, estableciendo mecanismos regulatorios similares a los de otros sectores de recursos naturales. Todo ello, ha generado un marco normativo moderno para un sector que sumando a los pescadores artesanales y a los trabajadores de la industria sectorial, emplea directamente a más de 150.000 personas. Sería lamentable y deplorable que situaciones puntuales que deben ser investigadas a través de las instituciones de nuestro Estado de Derecho, pudieran afectar una legislación que, a pesar de su reciente implementación, está siendo actualmente evaluada, a solicitud del Gobierno de Chile, por la FAO de Naciones Unidas.
La Sociedad Nacional de Pesca concuerda con esta evaluación, pues toda legislación es perfectible, pero formula un llamado a la prudencia para evitar generar incertidumbre innecesaria en un sector que, como ha dicho recientemente la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, “es uno de aquellos sectores productivos que son prioritarios para Chile, tanto por el impacto que tienen en la actividad económica y en la generación de empleo, como porque pertenecen a nuestro patrimonio común y a nuestra identidad como país”.
